Las asociaciones de estanqueros andaluzas han reprochado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no hiciera ninguna alusión ayer en su reunión con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, al contrabando de tabaco por el que se pierden más de 300 millones de euros.
En un comunicado, consideran “lógico y razonable que la presidenta se preocupe de los 13.500 andaluces que trabajan en Gibraltar, pero no parece tan lógico y razonable que no haga jamás la más mínima alusión al problema que sufren otros 4.500 andaluces, trabajadores de estancos, ni de las pérdidas que ocasiona el comercio ilícito de tabaco por culpa de la reducción en la recaudación de impuestos”.

Aseguran los estanqueros que uno de cada tres cigarrillos que se fuman en Andalucía son de procedencia ilegal y los ciudadanos andaluces están perdiendo unos 300 millones de euros como consecuencia de los impuestos que no se recaudan por el contrabando.

Asimismo, expresan su “sorpresa por la facilidad con la que Susana Díaz se reúne con representantes de otros territorios y la imposibilidad que tienen los estanqueros andaluces durante años para acceder a la presidenta andaluza” para tratar sobre este problema.

Según estas asociaciones, el contrabando llegó en 2013 y, en contra de lo que se pensó en un primer instante, “sigue campando a sus anchas por Andalucía y extendiéndose por el resto de España”.

Actualmente, hay en Andalucía un total de 2.360 estancos que dan trabajo directo a unas 4.500 personas.

En los últimos años las ventas de tabaco han descendido un 50 % mientras que el contrabando ha alcanzado niveles que han superado en algunos momentos el 45 %, y en determinadas zonas la situación llega a “niveles insostenibles que ha obligado al cierre de estancos y amenaza con provocar el cierre de más”, han alertado.

Por estos motivos, los presidentes de las asociaciones provinciales de estanqueros de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, manifiestan su disponibilidad para celebrar una reunión con la presidenta andaluza. EFE

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La Guardia Civil ha desmantelado una fábrica de tabaco ilegal, la mayor de Europa hasta ahora, con capacidad para producir más de dos millones de cigarrillos diarios. La operación, coordinada por Europol y realizada bajo la denominación de ‘Operación Dolium’, ha permitido la detención de 18 miembros de una organización criminal -diez en Granada y ocho en Málaga-, la mayoría de nacionalidad ucraniana y búlgara, habiendo contado en su desarrollo con la colaboración de autoridades de Ucrania, Moldavia, Bulgaria y Grecia.

La organización, que había realizado una inversión de casi tres millones de euros en la fábrica, había creado su propia marca de cigarrillos. En el desmantelamiento, que se ha llevado a cabo tras ocho registros repartidos entre Granada y Málaga, se han incautado diez toneladas de hoja de tabaco, cuatro toneladas de picadura de tabaco, 4,5 millones de cigarrillos y grandes cantidades de otros elementos necesarios para la producción como maquinaria, filtros, papel y pegamento.

Los trabajadores de la fábrica se alojaban en pisos francos que la organización tenía en distintos puntos de la provincia de Málaga. Sus jornadas laborales superaban las 12 horas diarias, y se llevaban a cabo en entornos insalubres que no cumplían las medidas mínimas de seguridad laboral.

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La Agencia Tributaria ha asestado un nuevo golpe al contrabando en el contexto de la operación ‘Hobo’, que culminó ayer tras cinco meses con la detención de tres personas y la incautación de 1.400 kilos de tabaco de picadura ilegal, maquinaria diversa para su tratamiento y dinero en efectivo en una nave industrial en el municipio madrileño de Valdemoro.

La investigación, promovida por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Castilla-La Mancha, ha permitido desarticular una red de tratamiento y distribución que, en menos de cuatro meses, habría reportado a sus responsables más de un millón de euros, exentos naturalmente de cualquier control fiscal.

El producto distribuido, que se vendía en Internet a través de un conocido portal de compraventa entre particulares, no estaba sujeto además a ningún control sanitario, y de hecho, diariamente se producían entre 20 y 50 cajas de paquetes de un kilo de picadura que infringían todas las normas sanitarias, de trazabilidad y etiquetado.

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La segunda fase de la operación ‘PACOTE’ se ha llevado a cabo en 22 provincias y se ha saldado con 124 personas detenidas

Un total de 124 personas, entre ellas cuatro jiennenses, han sido detenidas en el marco de una de las operaciones más importantes desarrolladas contra el contrabando de labores del tabaco en Europa, en la segunda fase de la operación ‘PACOTE’. Detenciones que se suman a las seis de la primera fase en Badajoz, cuando se detectó el origen y el cultivo del producto,  y que se han producido en 22 provincias tras detectar la Guardia Civil que estas personas compraban a través de internet el tabaco a los investigados en la primera fase y regentaban en su mayoría estructuras de venta de tabaco picado que después era distribuido sin control fiscal ni sanitario mediante establecimientos incluso abiertos al público o por internet.

Durante más de un año, desde que se destapó la primera fase de la operación ‘PACOTE’, los agentes de la Guardia civil han analizado más de 172.000 datos informáticos y cerca de 3.000 envíos dirigidos a un total de 658 destinatarios, calculando el valor de la mercancía remitida a través de empresas de mensajería en 14 millones de euros.

Al tabaco, que se vendía como natural directamente del agricultor, se le ha detectado posteriormente que contenía otras sustancias impropias al producto y que pueden conllevar un riesgo sanitario a los consumidores.

La Guardia Civil ha analizado para esta segunda fase de la operación más de 1772.00 datos informáticos y los posteriores envíos que han quedado registrados en un sumario del caso de más de 5.000 folios. Además, también se han detectado irregularidades importantes en el cobro de cantidades en subvenciones públicas, un asunto que todavía está siendo investigado por la Guardia Civil.

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La principal ventaja que obtienen los estanqueros es que consiguen un aplazamiento de los pagos que deben hacer al proveedor de sus productos. En principio, tienen que satisfacer la mercancía en un plazo máximo de diez días. Con el convenio suscrito con la Caja Rural de Jaén, pueden alargar ese periodo hasta los 25 días. De este modo, consiguen liquidez. Para poder beneficiarse de esta línea, tan solo es necesario suscribir una póliza de afianzamiento, que no supone gasto alguno para el estanquero. El convenio ofrece una segunda posibilidad para los dueños de estos negocios: una cuenta corriente con un interés preferente.

Igualmente, la Caja Rural pone a disposición de los miembros de la asociación una serie de productos financieros en condiciones muy ventajosas, como préstamos hipotecarios y personales, tarjetas y cuenta de crédito.

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La presidenta y el secretario de Aseproj se reunieron el día 2 de marzo con la Subdelegada del Gobierno de España en Jaén, el jefe de la Policía Nacional  y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil para tratar el problema de contrabando en la provincia de Jaén. 

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